texto Agencia Makro | fotos Sebastián Vivallo Oñate
A días de conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet, el presidente de Chile Gabriel Boric, firmó el decreto para oficializar el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante el régimen militar, presentación realizada con un acto para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
«Tengo la convicción que democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra», afirmó el mandatario durante la ceremonia en la Plaza de la Constitución del Palacio de La Moneda.
«Nos hacemos cargo como Estado, no solo como gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada» señalo.
Se estima que en Chile según comisiones oficiales, hubo más de 3.200 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante el periodo del régimen militar de Pinochet, entre 1973 y 1990. Aún siguen sin encontrarse los restos de cerca de 1.500 de estas víctimas.
El plan busca «esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero».
Esta búsqueda que se hará de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.
A través de un comunicado el gobierno indico que, además de intentar rastrear a las víctimas, el «Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia» beneficiará a sus familiares garantizándoles «el acceso a la información y participación» en los procesos de búsqueda de víctimas, implementando también «medidas de reparación» y ofreciendo «garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada».
«El plan trazará la ruta de la desaparición de las víctimas, colaborará con las investigaciones judiciales y ayudará a configurar la memoria y la garantía de no repetición, sin perjuicio del establecimiento de responsabilidades penales», aclaró el gobierno.
En la misma línea aclaró que el plan tendrá «una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, por lo que existirá como un instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno».
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