texto Agencia Makro | fotos Sebastián Vivallo Oñate
El presidente Gabriel Boric, promulgo este lunes la ley contra los delitos económicos y el medio ambiente, conocidos como delito de cuello y corbata.
Promulgación de ley realizada en medio de un complicado momento para su Administración debido al caso Convenios, que impacta principalmente a su coalición.
El mandatario ha firmado el documento que pone en marcha la nueva legislación. Normativa que avanzó luego de que el Tribunal Constitucional le diera luz verde, desestimando las reclamaciones de la Confederación de la Producción y del Comercio y de parlamentarios, quienes impugnaron algunos de sus artículos.
“Desde hoy Chile tiene una nueva ley para sancionar de mejor forma los delitos económicos y ambientales, que tanto daño han causado a nuestra sociedad. Un daño que es difícil de cuantificar. Estoy seguro que esta ley contribuirá a recuperar las confianzas que se han dañado en estos últimos años”, destacó que “hay una percepción en la ciudadanía de que a veces pareciera existir dos justicias, una para ricos y otra para pobres”.
Indico que “Muchas veces me preguntan qué es lo que yo espero al final de nuestro mandato, y más allá de las políticas públicas, de las grandes obras, más allá de las cifras, un bien intangible que para mí es prioritario, es la recuperación de la confianza interpersonal en nuestra patria, pero también de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, que están y deben estar para protegerlos y no para abusarlos o permitir que se instale una sensación de abuso de ellos”.
La nueva ley sistematiza las infracciones cometidas en el marco de la actividad económica, se crearán cuatro categorías de delitos económicos: de primera categoría contra el mercado de valores y bancarios; de segunda categoría de delitos tributarios y contra el medio ambiente; de tercera categoría malversación de caudales públicos y cohecho; y de cuarta categoría lavado de activos y receptación. Se establecen además multas más altas, penas efectivas y la inhabilitación de los condenados para trabajar en servicios del Estado.
La propuesta despachada por el Congreso surgió en respuesta de algunos casos de colusión registrados en la industria farmacéutica y de los pollos, la normativa creada también por las consecuencias de los casos Penta y SQM, en donde se investigó la financiación irregular de la actividad política.
Ley contra los delitos económicos que coincide con la investigación que afecta a varias entidades del Gobierno, a nivel nacional como regional.
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