texto Agencia Makro | fotos Sebastián Vivallo Oñate
Tras regresar de sus vacaciones, el Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla abordó personalmente la polémica tras las denuncias que lo acusan de comprar terrenos mapuche cuando ya estaba en el cargo durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera: «Yo tengo la conciencia absolutamente tranquila, yo he actuado bajo el apego de la ley, siempre de manera transparente diciendo la verdad y cumpliendo todos los compromisos y de toda naturaleza, no solo en mi condición de Subsecretario, sino que también como ciudadano».
Detalló que tales compras las declaró en sus declaraciones de patrimonio e intereses, hechas tanto «el 2010, cuando llegué al primer gobierno del Presidente Piñera, luego el 2014 cuando dejo el gobierno y el 2018», en la segunda administración.
El Subsecretario Ubilla dijo creer que «es un tema en que hay una clara intencionalidad política de levantar un tema de esta naturaleza. Pero estoy tranquilo, como se lo informé en su momento al Presidente y al ministro del Interior, que se cumplen todos los estándares de legalidad y de transparencia que le exigen a una autoridad de gobierno”.
«Hay un medio electrónico que intenta levantar un tema donde no lo existe y esa es la intencionalidad que yo relevo», acotó.
El subsecretario había explicado a través de una declaración pública que el terreno le había sido vendido por Guadalupe Moris Gajardo, una «chilena que no pertenece a ningún pueblo indígena». Por lo cual, las tierras no estarían bajo la Ley Indígena.
Consultado por la posibilidad de que el tema llegue a la justicia, el subsecretario consideró que «cuando hay aparentes diferencias nuestra institucionalidad establece que es el sistema judicial, la justicia la que debe resolverlo. Yo como ciudadano tendría que actuar y como ciudadano contrataré un abogado, si se llega a presentar algún tipo de querella, de nulidad o lo que corresponda para que me represente en los tribunales, porque estoy absolutamente tranquilo».
Finalmente fue tajante al señalar que “no tiene por qué generar un acto lícito un problema de orden político, ético o moral. Lo que generaría un problema de esa naturaleza o podría generarlo, es una situación que se inicia en un acto ilícito, y esto está demostrado que la propiedad no es tierra indígena a partir del año 2008, yo compré 2009, por lo cual no se genera esa interpretación de algunos parlamentarios”.
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